Asociación

ACCME (Asociación Culto Cannábica Medicinal del Ebro) es una asociación sin ánimo de lucro. Pretendemos que los consumidores de cannabis (tanto lúdicos como terapéuticos) tengan acceso a él de una manera legal, excluyendo así la práctica del mercado negro y todos los inconvenientes que esta representa.

Nuestra intención no es la de divulgar y promover el uso de esta planta, sino la de hacer valer nuestros derechos de la manera más correcta y legal, participando y promoviendo el activismo cannábico y creando un cultivo compartido, el cual genera cannabis para los socios implicados. Además, ACCME ofrece protección legal, actividades lúdico festivas, un lugar donde reunirse e intercambiar opiniones…

Una de las bases de ACCME es la prevención de riesgos y la información veraz. Creemos que utilizando estos dos factores correctamente es como se puede luchar contra la dependencia y los problemas derivados del consumo de cannabis. ACCME surge de la necesidad de regular algo aparentemente imparable, el consumo y cultivo del cannabis, pues nos exigimos un control y pedimos unas reglas.

 

Memoria de Actividades

ACCME es una asociación sin ánimo de lucro creada el 2012 por un grupo de amigos que, hartos de consumir cannabis de mala calidad a precios disparatados, decidieron cultivarse su propio cannabis ecológico y repartirlo a un precio justo y transparente. Muchos amigos se van uniendo a nuestro proyecto. Tenemos lista de espera de la cual priorizamos la aceptación de personas que utilizan el cannabis como paliativo para sus dolencias.

Formamos parte del Registro de Asociaciones de la Diputación General de Aragon, nuestro número de inscripción es el 01-Z-3380-2012. Participamos en la Junta Municipal de El Rabal, nuestro numero de registro en el Censo de Asociaciones del Ayuntamiento de Zaragoza es el 3662. Estamos federados en la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas) desde nuestros inicios. La Federación nos representa en ENCOD (European Coaliation for Just and Effective Drug Policies). Entre nuestros fines se encuentra el autoabastecimiento de cannabis para personas usuarias lúdicas, como aquellos que utilizan la planta como medicamento o paliativo para sus dolencias diagnosticadas. No pretendemos divulgar ni promover el consumo de ninguna droga, lo que intentamos evitar son los problemas inherentes de mercado negro: precios abusivos, mala calidad del producto, adulteraciones, robos, estafas, problemas legales, consumo sin información veraz, etc. Creemos que a través del impulso civil y la negociación política podemos alcanzar estos fines, así como acabar con el fenómeno de las mafias relacionadas con las drogas, la inseguridad jurídica y la vergüenza social.

 

Fundamento legal

En 1999 el comisionado para las drogas de la Junta de Andalucía encargó un informe sobre la viabilidad legal de prescribir médicamente marihuana y sobre la posibilidad de abrir locales de adquisición y consumo privado. Juan Muñoz y Susana Soto, del Instituto Andaluz de Criminología y profesores de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, elaboraron un dictamen jurídico en el que, tras analizar las sentencias del Tribunal Supremo sobre el llamado “consumo compartido”, llegaron a la conclusión de que en España se podrían abrir establecimientos donde producir cannabis u otras plantas para el propio uso, siempre que cumplieran varias condiciones:

(1ª) Que fuera un grupo concreto y determinado de personas.

(2ª) Que fueran mayores de edad y previamente consumidoras.

(3ª) Que la sustancia obtenida se destinara al uso personal de los miembros.

(4ª) Que no hubiera beneficio económico.

 

En otras palabras, los penalistas concluyeron que los coffee shops a la holandesa son inviables en España, pero sí serían legales “centros no abiertos a un público indiscriminado, de acceso restringido a fumadores de hachís o marihuana, en los que se exigiría como medida de control de acceso el tener la condición de consumidor habitual. Es decir, lugares para el consumo privado donde se podría adquirir y consumir ciertas cantidades que no sobrepasen el límite del consumo normal”. En la década de los 90, asociaciones como Arsec (Cataluña) y Kalamudia (País Vasco) hicieron plantaciones públicas y colectivas como forma de denuncia. En 1997, el entonces juez de lo penal Fernando Grande- Marlaska, decidió absolver a más de 200 asociados de Kalamudia. Pero también hubo condenas.

En 2003 se fundó Pannagh, en octubre de 2005, la policía municipal de Bilbao encontró una plantación de marihuana en un caserío de Durango. Se llevaron 150 kilos de plantas en fresco pertenecientes a dicha asociación y detuvieron a dos socios y al dueño del terreno. La Audiencia de Vizcaya resolvió en marzo de 2006 que no había delito y archivó la causa. En mayo de 2007, sin recurso de la Fiscalía, se ordenó la devolución de las plantas incautadas. Los jueces de la sección 6ª de la Audiencia Provincial, que entendieron que la plantación cumplía los requisitos que el Supremo había fijado para hablar de “consumo compartido”, aseguraron que se trata “de una modalidad de consumo entre adictos en el que se descarta la posibilidad de transmisión a terceras personas.

 

Ahora

Actualmente estamos inmersos en la regulación de las asociaciones cannábicas, demostrando que es posible otra política sobre drogas y pretendiendo que los usuarios estén mejor informados sobre los riesgos de su consumo. A través de la FAC proponemos unas normas básicas para cumplir la ley en las asociaciones, normas que ACCME cumple estrictamente:

(1º) Produciendo en un lugar privado para un circuito cerrado.

(2º) Con destino únicamente a usuarios mayores de 21 años, ya consumidores habituales de cannabis o bien con necesidades medicinales.

(3º) Sin la existencia de ánimo de lucro.

(4º) Con protección a sectores más vulnerables (menores y discapacitados).

(5º) Estando inscritos como asociación sin ánimo de lucro.

(6º) Demostrando actividad asociativa y democrática.

(7º) Produciendo cannabis bajo demanda, evitando una producción sin control que se pueda desviar al mercado negro.

(8º) Distribuyendo un máximo de 2 gramos por persona y día.

 

 

OBJETIVOS

MARCO LEGAL